Nuestro sistema de la Seguridad Social se sustenta en la técnica de reparto, de modo que la población activa actual soporta el coste de las prestaciones sociales del mismo período. Este modelo está basado en el equilibrio entre los ingresos y los gastos de cada año, por lo que es especialmente sensible a las oscilaciones demográficas y a la situación del mercado de trabajo. En los últimos años, factores como el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y la precariedad laboral, han ocasionado una situación de déficit permanente, resultando insuficiente el Fondo de Reserva para hacerle frente. Por ello, ha sido necesario el planteamiento de medidas que garanticen la viabilidad financiera del sistema, las cuales quedaron finalmente plasmadas en el acuerdo social alcanzado en el mes de julio de 2021. Con posterioridad, su contenido dio lugar a la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, promulgada en consonancia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para percibir los fondos Next Generation de la UE. La Ley plantea seis grupos de medidas, constituyendo cada uno de ellos el contenido de los capítulos en los que se ha estructurado la obra: la centralización funcional de la gestión, la revalorización de las pensiones, la financiación, la alineación de la edad real con la edad legal de jubilación, el fomento de la vida laboral tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, y la mejora en la protección por viudedad de las parejas de hecho. En su análisis práctico, así como de su posterior desarrollo, se ha centra esta obra, dirigida no solo a profesionales del Derecho sino al público en general interesado en la materia.