DEFENDER A QUIEN DEFIENDE. LEYES MORDAZA Y CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA EN EL ESTADO ESPAÑ

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Ante la criminalización de la protesta que se está imponiendo en el Estado español, se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que nos encontramos ante un nuevo reto que viene a desafiar los logros conseguidos, fruto de grandes luchas sociales, en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Primero fueron los recortes en derechos económicos, sociales y culturales y luego, para acallar a los  que se negaron y se niegan a conformarse, se impulsaron medidas represoras para desarticular el derecho a protestar.
 En este período de graves recortes en derechos y libertades una de las  soluciones y reacciones que se han impulsado desde instancias gubernamentales ha consistido en intentar silenciar a la sociedad y amordazar a las voces críticas, utilizando un entramado jurídico, para  disuadir a la ciudadanía de participar en los actos de protesta. Nos enfrentamos a un conjunto de medidas, con finalidad claramente preventiva, que pretenden, en muchos aspectos, configurar un derecho administrativo sancionador del enemigo, en el que la Administración es  juez y parte y el ciudadano que protesta es el enemigo. Todo esto enmarcado en un maniqueo discurso de defensa del orden público, en el que predomina la seguridad nacional y la seguridad del Estado sobre la  seguridad de los ciudadanos.
 
 
 La iniciativa Defender a quien Defiende, liderada por la Fundación Solidaridad de la Universitat de Barcelona (FSUB) y por el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT), en cooperación con diversas organizaciones, medios de comunicación y centros de investigación, tiene como objetivo la creación, formación y coordinación de una coalición formada por movimientos sociales, activistas, juristas, periodistas, comunicadores y universidades públicas de ámbito estatal, estructurada alrededor de un observatorio sobre las violaciones de los derechos humanos en contextos de protesta  social. Esta iniciativa pretende crear un espacio seguro para que las  campañas y los movimientos de la sociedad civil puedan desarrollar su  tarea esencial de transformación social.