El estado de derecho después de 1978

El sector jurídico profesional es el más autorizado para valorar los avances normativos vividos en nuestro país desde la aprobación de la Constitución en 1978, cuando se convirtió efectivamente en un Estado de Derecho. Esta obra no es un libro de abogados estrella -que también los hay-, ni hace distingos. Los años de ejercicio y el día a día actual de cada letrado hacen que el sector jurídico profesional sea uno de los más legitimados para valorar los avances normativos, desde 1978, en todos los ámbitos de la sociedad; también, para comentar cuantos fracasos sea interesante recordar. Auténticos veladores de nuestro Estado de Derecho, desde su actuación como profesionales liberales nuestros abogados son los mejores críticos constructivos y aleccionadores que, sin estar en los órganos del Poder Judicial, claman a través de sus respectivos colegios ante cualquier injusticia social. En estos 30 años ha habido buena muestra de todo ello. Algunos de los hechos se recogen en El Estado de Derecho después de 1978, como testimonios para la historia. El silencio de los juristas, o el conformismo, son un freno para el desarrollo o la adecuación de las leyes que la sociedad requiere con urgencia para progresar. El jurista debe pronunciarse siempre. Los poderes del Estado deben estar atentos a la voz sabia y práctica de los profesionales independientes. Ellos y ellas son los auténticos maestros de las ciencias jurídicas. Nuestro Estado de Derecho y nuestro Poder Judicial tienen una legión de representantes que es necesario escuchar.