La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Un día después, se promulgaba en España la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Ambas cuerpos normativos, gestados paralelamente en el tiempo, y que se proyectan sobre realidades con evidentes conexiones entre sí, parecen diferir en cuanto a los principios, valores y modelos de concebir la discapacidad que los informan. Mientras que la Convención proclama y hace suyo el llamado modelo social de la discapacidad, la Ley 39/2006, pese a su denominación, permanece anclada en varios de sus aspectos fundamentales en esquemas asistencialistas, propios de etapas felizmente superadas. Estas divergencias de enfoque y regulación se han visto agravadas en tanto el Tratado internacional fue firmado y ratificado por España, por lo que desde mayo de 2008 entró a formar parte del ordenamiento jurídico español, al que ya pertenecía la Ley 39/2006. El conflicto jurídico, podría decirse, estaba servido. Examinar esa fricción es precisamente el objeto del presente estudio, encargado por el CERMI al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, y dirigido por los profesores Rafael de Asís y María del Carmen Barranco. Con la solvencia, el rigor y la capacidad de penetración que caracteriza a estos autores, el informe analiza pormenorizadamente las diferencias y afinidades de ambas disposiciones normativas, para al final formular con audacia intelectual propuestas de modificación de la legislación nacional en materia de autonomía personal y dependencia para acomodarla a la Convención. Con este esclarecedor estudio, el CERMI desea aportar un elemento valioso para el debate en curso sobre la evaluación y revisión de la Ley 39/2006, que ha de producirse por mandato de la propia Norma a los tres años de su entrada en vigor.