Este libro entrega antecedentes que evidencian que prácticamente todos los conflictos ambientales referidos a empresas extractivas de recursos naturales en Chile involucran cuestiones críticas en relación con los recursos hídricos. Al igual que en otros países de América Latina, parte importante de estos proyectos –públicos o privados– se ejecutan en tierras de propiedad indígena o que las comunidades indígenas reivindican como propias. También impactan espacios territoriales de uso y aprovechamiento de otras comunidades locales (pescadores artesanales, campesinos o villorrios rurales). De esta manera, el modelo extractivo de recursos naturales que impera en el país sustrae del control territorial de las comunidades indígenas y locales, recursos de uso ancestral, particularmente agua, sobre los que se han estructurado las economías indígenas desde tiempos inmemoriales y que han garantizado la preservación de sus culturas. En consecuencia, lo que se concluye tras este análisis es que la confiscación de las aguas indígenas pone en riesgo la existencia misma de las comunidades indígenas, es decir, sus actividades productivas tradicionales y, finalmente, su presencia en espacios territoriales (marítimos y terrestres), donde, tras el desecamiento o la pérdida de las fuentes de agua, se hace inviable el desarrollo de sus estrategias económicas, sociales y culturales, tanto las tradicionales como las que en la actualidad forman parte de sus prioridades en materia de desarrollo. El Estado hace caso omiso del hecho irrefutable de que las aguas en disputa son indispensables para asegurar el proyecto de desarrollo indígena y su prosecución por parte de las generaciones futuras