Disolución y suspensión judicial de partidos políticos

La obra que el lector tiene en sus manos, se adentra en el estudio de las causas de ilegalización, as¡ como en las particularidades del correspondiente procedimiento judicial (legitimación, órgano competente, resolución y efectos), examinando a continuación la espinosa cuestión de la disolución del Partido y los derechos parlamentarios, poniendo de manifiesto también que Âôlos Parlamentos no son islas dentro del sistema institucional, las Cámaras tienen Âôuna independencia limitada por la Constitución y por el resto del ordenamiento jur¡dico, que el Parlamento puede crear y puede modificar, pero no puede infringirÂö. El autor sostiene que no es posible acudir a la v¡a de los Conflictos Jurisdiccionales, regulada en la Ley Orgánica 2/1992, de 18 de mayo.

Tras estudiar estas cuestiones en el marco legal y doctrinal, las mismas son examinadas en el ámbito jurisdiccional. Primeramente en el del Tribunal Constitucional (la disolución de los Partidos Pol¡ticos no es competencia de dicho Tribunal), luego del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado reiteradas veces en materia de disolución de Partidos Pol¡ticos, especialmente de Turqu¡a, en cuyas resoluciones se destaca que su tarea "no consiste en sustituir a los tribunales internos competentes, sino en verificar a la luz del art¡culo 11 las decisiones por ellos tomadasÂö, y, finalmente, en el Tribunal Supremo (la ilegalización de ÂôBatasunaÂö), precedida ésta de un examen sobre Âôlas asociaciones il¡citas en el Código PenalÂö y un detallado análisis sobre los efectos de la disolución y de la suspensión de los Partidos Pol¡ticos Âôsobre otros derechos fundamentalesÂö (reunión, manifestación, libertad de expresión).

Concluye esta interesante obra con unas Âôconsideraciones finalesÂö, en las que el autor expone sus puntos de vista sobre las particulares circunstancias en que ha sido promulgada la vigente Ley Orgánica de Partidos Pol¡ticos, que considera insuficiente para la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, por no abordar Âôcon rigurosidad y metodolog¡a algunas cuestiones ciertamente importantes, como la democracia interna, y los l¡mites a la actividad de los partidosÂö, poniendo de manifiesto, también, la extrema dificultad que supone probar los fines antidemocráticos de un partido pol¡tico. Finalmente, se muestra partidario de atribuir al Tribunal Constitucional la competencia para resolver sobre la constitucionalidad de los partidos pol¡ticos.

La indudable relevancia y actualidad de los temas desarrollados en este estudio monográfico, la profundidad con la que han sido examinadas las cuestiones más relevantes que la disolución de los Partidos Pol¡ticos plantea y el reconocido nivel intelectual del autor, cuyas posiciones doctrinales merecen serena reflexión, constituyen un conjunto de razones que justifican sobradamente la invitación a su lectura.